CUESTIONANDO LA MONARQUÍA

Dice Pedro Sánchez, el Presidente del primer Gobierno de coalición en el actual periodo democrático, que se debe diferenciar la persona de la institución en referencia a las últimas noticias sobre los presuntos desmanes económicos que el rey Juan Carlos I podría haber cometido durante años, tanto cuando fue Jefe del Estado como cuando dejó de serlo tras su abdicación en 2014. Y lo dice en calidad de Jefe del Ejecutivo en cuyo consejo de ministros y ministras se sientan cinco representantes de Unidas Podemos, una coalición de izquierdas que no pasa el día en que sus líderes expresen públicamente su desafección con la monarquía. Yo entiendo que el Presidente del Gobierno, y por extensión todos los miembros (y miembras) del consejo de ministras y ministros, deban al menos mantener el debido respeto a y por las instituciones del Estado, incluida la monarquía porque, aunque a algunos no nos gusta, España es una monarquía parlamentaria. Pero mucho me temo que el deseo del Presidente del Gobierno más progresista de los últimos 40 años (Jaume Asens, dixit) tiene un trasfondo en el que se entremezclan una serie de factores y de motivos que no correlacionan con ese principio del respeto debido a las instituciones del Estado. 

Si bien la posición política de Unidas Podemos es coherente  con su ideario e ideología - otra cosa es que sea coherente con su posición institucional, que ahí ya estaríamos hablando de otros debates - y si sorprende a alguien es porque ese alguien es un ingenuo; la posición política del PSOE es incoherente con su tradición ideológica - conviene recordar que el PSOE fue el único partido que en las Cortes Constituyentes de 1977 defendió la república como forma de Estado - pero totalmente coherente con su posición institucional y si sorprende a alguien que el PSOE defienda la monarquía es porque ese alguien es tonto de baba. No obstante, y dejando de lado el republicanismo o monarquismo de unos y otros, lo verdaderamente mollar de este asunto es que el anterior Jefe del Estado, el rey Juan Carlos I, como mínimo y a la espera de más datos, presuntamente eludió el pago de impuestos. Creo que esto es gravísimo o, como dirían los modernos: "gravísimo no, lo siguiente", porque el hecho de que la máxima autoridad del Estado no cumpla ni con los mínimos estándares exigidos a cualquier cargo, institución o autoridad del Estado supone una quiebra de la legitimidad del propio Estado. Y también creo que estos hechos que estamos conociendo y que apuntan a la comisión de presuntos delitos fiscales, no los habría podido cometer, presuntamente, el rey Juan Carlos I, si no hubiera ejercido la jefatura del Estado. Porque creo que a nadie se le escapa que resulta obvio suponer que el Jefe de un Estado es el último de quien se podría sospechar un presunto delito contra el Estado del que es jefe y en consecuencia, la Hacienda pública no estaría por investigarlo al menos no de manera digamos natural; y debemos  tener en cuenta que el rey, según el artículo 56.3 de la Constitución es inviolable y no tiene responsabilidad alguna sobre sus actos. De ahí que, en contra de la opinión de Pedro Sánchez, es no sólo inevitable sino hasta razonable cuestionar la propia institución de la monarquía española, simplemente por coherencia democrática. 

Evidentemente, poner en cuestión la monarquía española afecta tanto al rey emérito como al actual titular de la Corona porque sitúa a la institución en la desagradable tesitura de ser como mínimo el soporte necesario e imprescindible de los presuntos delitos fiscales cometidos por el rey. Suponer que nadie en la familia real tenía ni siquiera la más mínima sospecha requiere cuando menos un ejercicio de disociación de la realidad rayano en lo sicopatólogico. Y pretender librar a Felipe VI de cualquier responsabilidad en la situación de su padre y predecesor en el cargo, total porque el actual rey dijo que renunciaba a la herencia de su padre - pero extrañamente no renunció a la principal herencia, la Corona -, cosa que no tiene valor jurídico ya que sólo se puede renunciar a la herencia en el momento en que se debe hacer efectiva, esto es a la muerte del otorgante, exige un estado de genuflexión monárquica sólo al alcance de monárquicos recalcitrantes. Así que sí, señor Sánchez, la monarquía española está en cuestión, debe cuestionarse si uno es demócrata y ciudadano que no súbdito.